Lo primero que hay que tener claro es que empadronarse es un derecho y una obligación. Es la prueba de que residimos en una ciudad del Estado español, lo cuál supone una prueba fundamental de cara a tramitar un permiso de residencia por la vía del arraigo social. Además, es la puerta a derechos básicos como la asistencia sanitaria gratuita, la educación y los servicios sociales de base (incluida la posibilidad de acceder a ayudas como la renta básica o las de emergencia social).

Un dato muy a tener en cuenta es que las personas extranjeras inscritas en el padrón, deberán renovar su inscripción al de 2 años, o de lo contrario la inscripción se cancelará.

Todas las personas se deben poder empadronar en la vivienda en la que residen, pero es posible que encuentren dificultades para hacerlo, como por ejemplo,
1) porque la vivienda se comparte con otras personas que están percibiendo ayudas y temen perderlas, o
2) porque la propietaria se niega a facilitar el empadronamiento. Si esa es tu situación, debes saber lo siguiente:
1- Cualquier persona ya empadronada en la vivienda puede “autorizarte” a que te empadrones ahí
2- Se puede solicitar una separación de “unidad convivencial”, de tal manera que para cada unidad convivencial se tendrán en cuenta los ingresos – situación personal de esa unidad, sin contar con toda la casa – de cara a que no afecte a las ayudas sociales de otra compañera.
3- Se puede solicitar que el ayuntamiento envíe a alguien (policia municipal) a que efectivamente verifique que la persona reside ahí, si es que la propietaria se niega a autorizarte el empadronamiento en la vivienda.
4- Si no es posible empadronarse por alguna de las anteriores vías, solicitar el empadronamiento POR ESCRITO, de tal manera que conste la fecha en un documento oficial. Se hace a través de una instancia en cualquier oficina de distrito.

Respecto al empadronamiento solidario -es decir que una persona empadrone en su casa a otra que no reside en ella pero no puede empadronarse donde vive-, como habréis oído, la reforma de la Ley de Extrnajería lo penaliza. Esto nos parece inadmisible porque supone criminalizar la solidaridad. En todo caso, para aplicarlo haría falta la colaboración activa del ayuntamiento con la policía, de lo cuál por ahora no tenemos constancia. Con esa información, cada quien debe valorar la situación y ver si pesa más el miedo a la sanción o la posibilidad de facilitar a alguien allegado su acceso a derechos básicos. Por otro lado, una buena noticia es que los intentos por distintos ayuntamientos por no empadronar a personas sin papeles han fracasado, ya que la situación administrativa no justifica que a una persona se le niegue su derecho a empadronarse. El caso más sonado fue el de Vic. La respuesta de la Abogacía del Estado a su anuncio de no empadronar a personas sin papeles fue el siguiente: “debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado”. En Euskadi también nos encontramos con que el Ayuntamiento de Abanto-Zierbana exigió el NIE (número de identificación para extranjeros) a varias familias que solicitaron el empadronamiento. SOS Racismo emprendió una campaña que hizo que el Ayuntamiento desistiera y las empadronara. En todo caso, necesitamos seguir bien alerta. Os pedimos que si conocéis algún ayuntamiento que exija requisitos diferentes a las personas inmigrantes o niegue el empadronamiento a las que no tienen papales, nos lo contéis.